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Autoridades lanzan proyecto de Escuela de Formación Ciudadana

Esta es una iniciativa de largo plazo que involucra a un equipo multidisciplinario integrado por la Secretaría Regional de Educación, el Poder Judicial, la comunidad escolar del Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez, la Corporación de Asistencia Judicial y la Corporación Municipal de Punta Arenas.


Jueves 11 de junio, 2015
 
El pasado 4 de junio fue lanzado oficialmente el proyecto de educación cívica Escuela de Formación Ciudadana, ceremonia organizada en el Liceo Politécnico Cardenal Raúl Silva Henríquez. El objetivo de esta iniciativa liderada por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, apunta a resolver los conflictos al interior de los establecimientos educacionales en forma pacífica, involucrando a toda la comunidad educativa en el proceso.
 
La secretaria regional ministerial de Educación, Margarita Makuc, indicó que “iniciativas como las que se están llevando a cabo en el Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez son claves para nosotros como Ministerio de Educación. Por ello, en convenio con el Tribunal Oral en lo Penal hemos desarrollado un trabajo colaborativo en el proyecto de educación cívica que busca que los estudiantes generen habilidades que tienen que ver con la convivencia y también con la formación ciudadana”. Junto a esto afirmó que “todos sabemos que hoy día a los jóvenes les toca vivir en una sociedad compleja y que para ello debemos entregarles las herramientas que les permitan relevar en un primer término no sólo sus derechos, sino también sus deberes como seres humanos que les permita resolver sus conflictos en forma pacífica, en el marco del respeto,  expresando sus ideas y escuchando lo que los otros tienen que decir”. De esta manera, la autoridad comentó que “estamos muy contentos con el trabajo que están realizando los estudiantes del Liceo Politécnico y ojalá este proyecto puede replicarse en más establecimientos educacionales de la Región de Magallanes en el futuro”, finalizó la seremi Makuc.
 
El juez presidente del Tribunal de Primera Instancia, Luis Álvarez, explicó que el proyecto se sustenta en entender que el derecho humano es inherente al deber. “La idea es crear una escuela de deberes y derechos e intentar que los conflictos que surgen en los colegios se solucionen de manera pacífica, con alumnos como mediadores sociales”.
 
El ejercicio es simple: tres mesas son colocadas en la parte delantera de una sala, las que son  ocupadas por quienes cumplen funciones de jueces, fiscales y defensores en un juicio simulado.
 
Esta es una iniciativa a largo plazo que involucra a un equipo multidisciplinario, integrado por el Poder Judicial, la comunidad escolar del Liceo Cardenal Raúl Silva Henríquez, la Secretaría Regional Ministerial de Educación, la Corporación de Asistencia Judicial y la Corporación Municipal de Punta Arenas.
 
Francisco Díaz Luengo, administrador del TOP y gestor de este proyecto, asegura que la actividad pretende que los estudiantes vivan la experiencia de desarrollar un juicio, “de ir identificando desde ya lo que significa un debido proceso y que ello puedan involucrarse en este rol que vayan a jugar en la resolución pacífica de conflictos.
 
Mediadores
Mientras que en una de las salas del colegio se presentaban los alegatos del juicio, en el hall del recinto un gran círculo -compuesto por alumnos- da cuenta de la preparación de otro equipo humano del proyecto: “los facilitadores de círculos de paz y los mediadores escolares”.
 
Cristina Montiel, del Centro de Mediación de la Corporación de Asistencia Judicial, junto a Victoria Henning, sicóloga del área de Atención al Menor de la Corporación Municipal, están a cargo de esta parte del programa.
 
La mediación y formación de círculos de paz son sistemas alternativos de resolución, donde la idea es que quienes estén en conflicto se hagan cargo de él con la ayuda de una persona distinta, neutral que de alguna manera les haga llegar a un acuerdo que ese acuerdo se cumpla. Si esto no prospera se trabajara con jueces, fiscales y defensores escolares para resolver conflictos de mayor envergadura.
 
Esta intervención completa en la comunidad escolar a partir de conflictos quedará plasmada en los planes de convivencia escolar e involucra a todos los actores incluyendo padres y apoderados.